Tras las desafortunadas palabras publicadas en sus redes sociales, luego de la muerte del cineasta Rob Reiner, Donald Trump salió del paso firmando un decreto para “clasificar al fentanilo ilícito y a sus precursores químicos” como armas de destrucción masiva, en algo que busca ser más una operación política de alto impacto simbólico que un giro jurídico sustantivo. Su fuerza radica más en el lenguaje que en el derecho. Pocas expresiones cargan tanto peso como las que evocan las guerras, los enemigos absolutos y las amenazas existenciales.
La realidad es que la orden presidencial firmada el lunes no cambia, en lo esencial, el marco legal estadounidense. Las leyes existentes ya permiten una interpretación amplia de lo que puede considerarse un agente químico peligroso. No transforma, por un acto de prestidigitación, a los cárteles del narcotráfico en organizaciones terroristas, ni habilita las intervenciones militares fuera de las fronteras. Su propósito es algo distinto: reencuadrar una crisis compleja en un lenguaje de guerra.
El fentanilo ha sido abordado en los últimos lustros como un problema de salud pública, regulación farmacéutica y crimen organizado. Al elevarlo a rango de destrucción masiva, la discusión se mueve al terreno de la seguridad nacional, donde el margen de acción del Ejecutivo es más amplio. Cuando algo parece amenazar la existencia, prácticamente cualquier respuesta parece justificable.
Mediáticamente es muy útil, sobre todo entre su base conservadora; sin embargo, su tesis no resiste un análisis riguroso. Las armas de destrucción masiva se definen, en el derecho y la práctica internacional, no solo por su capacidad de matar, sino por la intención de su uso. Están diseñadas para causar un daño indiscriminado, inmediato y masivo. El fentanilo, por catastrófico que sea, no opera bajo esa lógica. No es un instrumento bélico, ni un arma que apunta hacia una población enemiga; se trata de una mercancía ilegal que prospera en un mercado marcado por la adicción y el colapso de las políticas públicas.
No hay nada de inocente en esta actitud, de hecho, desestabiliza el equilibrio institucional. En lo formal, el presidente no invade las facultades del Congreso, pero al apropiarse del lenguaje bélico y antiterrorista empuja los límites de lo que el Ejecutivo puede hacer sin permiso, dejando al legislativo en un dilema incómodo: respaldar la cruzada o parecer indiferente ante una crisis apocalíptica.
Para México, esta narrativa convierte al narcotráfico en algo más que un problema criminal compartido, lo transforma en un enemigo; eso erosiona la cooperación, endurece la presión diplomática y deja la puerta abierta a tentaciones unilaterales legalmente cuestionables.
Calificar a algo como arma de destrucción masiva no lo convierte en una. No hay arma más peligrosa que una narrativa engendrada en una lengua filosa… y unos oídos dispuestos a escucharla.
Informalidad laboral y uso de efectivo
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la cual reveló que 13.7 millones de trabajadores no recibirán aguinaldo este año. La entidad que registra la mayor de cantidad de personas sin esa prestación es el Estado de México con 2.2 millones, seguido por Puebla y Veracruz con un millón cada uno.
Y ¿cuál es la razón? Justamente que un gran número de personas en México trabajan por cuenta propia o en esquemas de informalidad. Otro punto determinante para ello es que el manejo de dinero en efectivo en nuestro país ya es una costumbre muy arraigada desde hace décadas.
Según la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Forex Cash Index 2005, México es el sexto país en el planeta, donde más se utiliza el efectivo, en una lista que encabeza Etiopía con el 95%, le sigue Pakistán con 90%, mientras que en tercero y cuarto lugar se ubican Irak y Cuba con 85%, seguidos de Jamaica, a la par de nuestro país con 80%.
Contrario a eso, los vecinos del norte tienen un esquema completamente diferente al nuestro, ya que Estados Unidos reporta 16% de operaciones con dinero en efectivo, al tiempo que en Canadá sólo se utiliza en 15%.
En México, la fiscalización es uno de los principales factores que fomentan el uso de dinero en efectivo. Obviamente eso genera repercusiones, particularmente en la recaudación fiscal y los costos operativos. Por ende, al reducirse la base tributaria del país, se limitan los ingresos de la administración pública.
Otro efecto que puede presentarse es que se dificulta su rastreo, lo que puede dar pie a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidas como lavado de dinero, situación que puede afectar la estabilidad financiera.
Lo cierto es que gran parte de la población prefiere este esquema porque le permite realizar un ahorro, además de no depender de la tecnología que brindan los mecanismos electrónicos como los cajeros automáticos y las aplicaciones, ya que el flujo estará presente siempre, además de que permite evitar el sobreendeudamiento, al dar oportunidad a las personas de controlar mejor sus gastos.
Sin duda, la informalidad y el manejo en efectivo tienen pros y contras. Lo deseable sería encontrar la fórmula perfecta para que la clase trabajadora no resulte afectada, con independencia al tema de la recaudación fiscal, que desde luego es fundamental. Complicado que sea viable ese esquema.
Revés ecológico para Hidalgo
El pasado domingo se realizó una consulta ciudadana en los municipios de Tula de Allende, Atitalaquia y Tlaxcoapan, sobre la construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo (PERH), en la cual se registró la escasa participación de 12,259 personas, de las cuales solo el 35.35% voto a favor y el 63.1 % lo hizo en contra. La presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó respetuosa de la decisión ciudadana, mientras el gobernador hidalguense Julio Menchaca descartó que se considere otro lugar en el estado para el parque, por no haber otro predio que tenga las condiciones necesarias para ello.
Se trata de un revés lamentable no solo para el gobierno sino para la propia región del Valle del Mezquital, una de las más contaminadas de México. Tula fue calificado en su momento por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como un “infierno ambiental”, al ser el municipio de mayor número de emisiones de dióxido de carbono, la principal fuente contaminante del Valle de México. Se trata del único lugar en el país donde operan una termoeléctrica, una refinería y una cementera, aunado a la descarga de aguas negras y pluviales de la Ciudad de México al Valle del Mezquital, con efectos en la salud de la población local y regional.
El PERH era un proyecto que contemplaba, de manera integral, el saneamiento de la Cuenca del Río Tula; un parque de economía circular; un parque ecológico; adecuaciones a las vías de comunicación -incluida una espuela de tren para mover carga-; además de que las intervenciones de calidad del agua van combinadas con la mejora de calidad de suelos, todas con beneficios para la salud.
Cabe señalar que el terreno para el malogrado proyecto pertenece a Pemex y es el mismo donde se iba a construir la refinería Bicentenario del sexenio de Felipe Calderón. Ahora, por lo menos no se realizará el parque de economía circular, ni las adecuaciones a las vías de comunicación. El parque iba a incluir dos plantas de reciclaje, una para residuos orgánicos y otra para reciclaje de residuos de la construcción. Continuarán otras acciones como el saneamiento del Río Tula y la reconversión de la termoeléctrica de combustóleo a gas natural.
Resulta absurdo que grupos seudoambientalistas se opusieran al proyecto, pero más extraña que los gobiernos federal y estatal hayan optado por la indolencia, siendo tan afectos al clientelismo y la movilización para respaldar sus causas, lo que lleva a cuestionar si realmente querían hacer el parque o encontraron el pretexto perfecto para no seguir adelante.